Las causas son la más grande cantidad de siniestros y una regla que impide a las empresas producir a pérdida.
El sector asegurador realiza un sermón: los costos de las pólizas, más que nada las del seguro de vehículos, continuarán subiendo de precio en buena porción del mercado. Los motivos: el incremento de la cantidad y del costo de los siniestros, y la validez de una medida que no tolerará que las corporaciones trabajen a pérdida. También se agrega un mecanismo que requerirá conseguir facultades para infiltrar capitales: el recuerdo de una práctica de los jueces del dominio civil que levantaría los valores de los dictámenes legislativos. Según unos principios del sector, las subas de precios forzosos para remediar los números del mercado marcharían por el 20% en promedio, aunque el contenido es muy vacilante según el ente.
En los presentes años, muchas compañías enmendaron pérdidas del negocio con entradas financieras. Pero una disposición de la Superintendencia de Seguros requiere ahora a las sociedades con resultados activos negativos a restituir ese signo, como régimen destinado a certificar la capacidad de reembolso. Las vías posibles son atesorar, bajar precios o subir costes.
Según las actuales noticias de la Superintendencia de Seguros, de 179 compañías, 98 tuvieron quebrantos al 31 de diciembre último. Según lo que dijo a LA NACION el gerente de Seguros, Gustavo Medone (afirmaciones aparte), las consecuencias del trimestre cerrado el 31 de marzo presentan un escenario mejor.
La nueva pauta de no vender a pérdida fue, por lo general, bien recibida en las compañías. Para Edward Lange, CEO de Allianz, la insolvencia de montos es un hecho inevitable. En parte del mercado, según enunció, “se acredita para resguardar el compromiso urbano entre 700 y 900 pesos por año, cuando concerniría ser el doble”. El rector de SMG Seguros, Claudio Bellocopitt, mantuvo su veredicto de que la nueva pauta pedirá responsabilidad en su mecanismo de costes. Según recapacitó, se tiende a paralizar que se “haga caja” transfiriendo a costes pequeños.
En medio de las estrategias de arreglo, los magistrados camaristas de la competencia civil instalaron en un congreso (un fallo de los participantes de todas las salas, de desempeño obligatorio) que los valores de los juicios deben pactarse con la norma activa de fondos realizables del Banco Nación, del 20% anual, en lugar de la tasa pasiva (prometida a los ahorristas), actualmente del 9 por ciento.
“La sección no tiene ni reservas ni costos conformes [a ese horizonte de pasivos accidentales]“, dijo Francisco Astelarra, superior de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros. De todos modos, reveló, aún no puede calcularse el golpe, porque luego d el plenario se presentaron dictámenes con diferentes juicios.
En algunas cuestiones se emplea la pauta neutral (o una menor a la activa) para el ajuste del precio desde que se motivó el hecho que produjo el altercado y hasta la fecha del dictamen, y a partir de aquel momento se calcula la tasa activa hasta el instante en que la compañía abona. En otras cuestiones, sí se requiere a usar tasa activa para el período que va desde el suceso hasta la derogación del fallo. Este es el juicio que dejaría a varias firmas con reservas insignificantes.
Según se acordó el jurisconsulto del estudio Beccar Varela y ex superintendente, Juan Pablo Chevallier Boutell, los funcionarios declararon que no se debe alterar el fin económico investigado, que es enmendar una lesión y no hacer rico ilegalmente a alguien. Todo esto une que si el costo de la resolución ya tiene implícita un reajuste, no habría por qué imponer a usar la tasa activa.
Lange apreció que las compañías que permanecerán más frágiles son las que tienen muchos juicios “porque en su momento pudieron patear los infaustos para pagarlos más adelante”. Según señaló, las circunstancias exigirán capitalizar esas rúbricas y, en algunos tópicos, la sangría coexistiría hasta el 50% de las riquezas.
Trocar la aplicación de tasa pasiva por la activa representaría, para hechos con tres años de experiencia, una suba de los montos del 27%, y en un pleito de cinco años la suma se encumbraría en un 48%, según dedujo Mariana Erquicia, actuaria de Melinsky Pellegrinelli & Asociados. Pero añadió que, para reconocer la necesidad de mejores prudencias, “habrá que comprobar cómo se desenvuelven los razonamientos”.
Más allá de la incertidumbre sobre los pasivos, muchos activos financieros en poder de las sociedades conservan hoy pautas especiales de contabilización, ya que, por el aprieto financiero, la Superintendencia consintió a no registrar la caída de costo de unas inversiones. “Poseemos los activos unidos con los pasivos y no iba a tener necesidad de vender esos certificados”, expuso Pablo Bianchi, administrador de Finanzas de Zurich, quien confirmó que la medida no inquieta el volumen de pago.
Pero la muestra también condujo a críticas. Para Alejandro Pavlov, profesional de la estimadora de riesgos Moodys, “si bien en un problema serían sensatas medidas antojadizas, alterar los valores en las etapas económicas no es lo trascendental, porque puede llevar a destinos equívocos”.
